La guerra en Michoacán no es de buenos contra malos. Es el origen de un sistema descompuesto basado en la corrupción económica y política. Es la exacerbación continua de la miseria. Todo ello ha dado origen a estos grupos que han nacido para combatir al cártel de los Caballeros Templarios, cuyo nacimiento se asemeja a otro fenómeno de similares formas, patrocinadores y devastadoras consecuencias para un país casi idéntico a México: Colombia. Y más específicamente, a un personaje protagonista de entonces como lo es del presente mexicano, el general colombiano Óscar Naranjo Trujillo, jefe de la policía nacional con Álvaro Uribe Vélez, y hoy asesor en seguridad del presidente Enrique Peña Nieto.

Las Autodefensas Unidas de Colombia nacieron en los años noventas patrocinados por empresarios decididos a frenar los avances de la guerrilla. Pronto, se aliaron al narcotráfico y desde las cúpulas gubernamentales persiguieron y asesinaron a cientos de campesinos y líderes populares. Como las autodefensas mexicanas, las AUC surgieron para preservar –dijeron-, las instituciones y el llamado Estado de derecho. Su relación con el Palacio de Nariño ha sido denunciada a través de los años por activistas y jefes revolucionarios. Que su causa no es precisamente preservación de la legalidad, sino el combate a las insurrecciones antisistema.

Un discurso muy similar al líder más expuesto de las Autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles: “Nosotros lo único que queremos es que se restablezca el Estado de derecho en Michoacán, no que se pierdan los poderes, porque eso nos traería una revolución civil que no íbamos a parar. Pero sí que el gobierno asumiera la responsabilidad que le corresponde de brindarnos la responsabilidad y la protección a todos y cada una de las personas productivas que tiene el Estado”.

En un artículo para la revista Proceso, John Ackerman critica a quienes vemos ligas entre las autodefensas mexicanas y el caso colombiano. Como uno de los argumentos, el politólogo esgrime es que “México no es Colombia. y aquí el narcotráfico no está del lado de la guerrilla, sino del gobierno”. De tal forma, vincula las acciones de narco colombiano con la guerrilla tanto de las FARC-EP como del ELN, y con el gobierno. Una reproducción del discurso de Washington, y al menos, ignorante de la realidad colombiana donde se ha puesto el epíteto de “narcoguerrilla” un movimiento insurreccional político y armado con casi 50 años de historia, obviando, al mismo tiempo, las denuncias fundadas de la relación entre gobernantes con capos de la droga en ese país.

Una de estas denuncias cuenta la historia de Óscar Naranjo, quien en 1989 dirigió el llamado ‘Bloque de Búsqueda’, operación encubierta aprobada por George Bush para la localización de los cabecillas del cártel de Medellín. De tal agrupación surgieron dos bandas, una Los Pepes, también conocidos como Escuadrones de la muerte, y la otra, las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes a posteriori se convirtieran en un terror paramilitar y contra-político, apoyado por el cártel de Cali. Luego se descubrieron las relaciones entre Naranjo y el jefe de las AUC, Carlos Castaño, debido a las declaraciones de otro jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, quien por su parte también reconoció contactos con Álvaro Uribe Vélez. .

Hoy Naranjo está en México y la historia parece repetirse. Más, con un aparato mediático muy bien aceitado, la idea de un grupo de pobladores en armas alzados contra el narco toma fuerza. Incluso, se han ganado la simpatía de activos de la izquierda nacional, aún si el discurso de las Autodefensas va en contra de la “revolución civil”.

Y mientras el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, reconoce que las Autodefensas “le echan una mano” al gobierno, el mismo Estado mexicano mantiene a trece líderes de Policías Comunitarias e Indígenas de Guerrero, en prisión política. Además, ha dejado impune la actuación de paramilitares en el asesinato de trece activistas en esta entidad. Más aún, desde la presidencia del país se insiste en la criminalización de las organizaciones que luchan contra el caciquismo político en el lugar.

¿Son las Autodefensas de fíar? A propósito, la guerrilla del EPR, en armas desde 1996, publicó en su más reciente edición de su periódico El Insurgente, la opinión de uno de sus militantes. En el texto, acusa a estos grupos de traer “patente de Estado”:

“Estos grupos mal llamados “autodefensas o guardias comunitarias” no son revolucionarios, ni se proponen defender los intereses populares. Son grupos organizados y estructurados bajo la lógica del paramilitarismo ramplón del siglo XXI, tienen patente de Estado y los hilos con que se mueven son manejados desde las distintas zonas militares que hay en estas regiones y zonas; son grupos de mercenarios que han sido adiestrados con forme a los manuales de contrainsurgencia elaborados por los patrocinadores internacionales del terrorismo paramilitar contrainsurgente, es decir, por el imperialismo estadounidense (…) están siendo utilizados para avasallar aún más al pueblo, para imponer y justificar la militarización, para imponer el terrorismo de Estado, para auspiciar los emplazamientos forzados, para acelerar el nuevo proceso de acumulación originaria que se está desarrollando en todo el país.”

Es fácil creer a simple vista en la buena voluntad de las Autodefensas. Que son paladines del pueblo. Que su origen es noble y que su manutención únicamente depende de la venta de limón y aguacate. Sin embargo, parece una historia bastante simple para un país donde nada es casualidad. Donde comprar armas como AK 47 y R 15 depende de contactos específicos. Por supuesto, estas líneas nunca serán una defensa de los grupos del narcotráfico; más de ellos ya se ha escrito bastante y a nadie le queda de duda de su infamia.

Es posible entonces que la Autodefensas sigan cosechando simpatías mientras continúen en combate frontal contra los Caballeros Templarios. Sin embargo, parece que México se esta metiendo en un terreno del cual no podrá salir tan fácil después. Así como pasó en Colombia.

ALBERTO BUITRE

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